Estas tasas obligan a todo hijo de vecino, menos los que tengan derecho a justicia gratuita, a pagar por iniciar un pleito, sea una reclamación de cantidad por, por ejemplo, un accidente de tráfico, o una factura impagada, o porque queremos divorciarnos, o para impugnar una multa de tráfico o, lo que es peor, para recurrir una sentencia contra un despido, etc.
Las tasas van desde 100 € hasta 500 € por interponer un recurso ordinario de apelación y hasta 750 € por un recurso ante el Tribunal Supremo, más un 0,25% de la cantidad que se reclame. No importa la capacidad económica del justiciable, es decir, da igual que sea un multimillonario o un padre de familia con 1800 € de ingresos mensuales. Paga lo mismo.
Las consecuencias de las tasas van a ser variopintas, pero ayer pasó algo curioso en mi despacho. En 2008 interpuse un procedimiento de revisión de una incapacidad de un cliente al que tras un accidente de trabajo le quedó una ridícula pensión, pese a no poder trabajar más. Como algunos juzgados van tan sumamente lentos, la sentencia no fue dictada hasta 2010 y como no nos daba la razón la recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tras casi dos años ha resuelto que la sentencia era nula, por lo que ni nos dio ni nos quitó la razón, sino que obligó al Juzgado a dictarla nuevamente.
Y así lo ha hecho, ha dictado otra vez la misma sentencia, con un pequeño añadido para evitar nuevamente la nulidad, y claro, otra vez no nos da la razón, pues, como he dicho, es igual que la de 2010 y, como no, nos vemos obligados a recurrirla de nuevo.
Por un error judicial estamos igual que en 2010, tenemos que recurrir la sentencia, la misma sentencia, pero ahora se nos exige el pago de 500 € para poder ejercitar nuestro derecho a recurrir, cantidad que, dada la minúscula pensión que cobra mi cliente y que pretendimos revisar en el año 2008, no tiene para pagar.
Ahora dependemos de que se quiera paralizar el pleito mientras se le concede o no el derecho de justicia gratuita para evitar pagar esos injustos 500 €, y si no se le concede perderá el derecho a recurrir puesto que mi cliente no tiene para pagar la tasa que el injusto sistema de justicia ha tejido para que los pobres carezcan de eso, de justicia.
Esto de las tasas judiciales puede parecer que no nos tiene por qué afectar, y puede que sea así, que alguno nunca en su vida vaya a pasar por los juzgados, al igual que otros no tengan hijos y no sufran el recorte educativo o una salud de hierro y no tengan que pagar por las medicinas o tenerse que hacer una prueba de forma privada porque la sanidad pública le da cerca de un año de lista de espera.
Pero la cuestión es otra: si nos van a cobrar porque un Juez imparta justicia, porque con esas tasas pretenden pagar a los abogados de oficio que antes se pagaban con nuestros impuestos, si además nos van a cobrar por la sanidad, si van a recortar tanto la educación que vamos a tener que pagar su complemento, además de pagar los libros de una educación obligatoria, si también habrá que pagar por usar las autovías, si suben el IVA de la cultura, del deporte, de los libros, de los cuadernos de los niños, hasta del pan, si no nos está asegurado el sistema de pensiones a partir del año 2040, si congelan las pensiones, les pagan menos a nuestros funcionarios, cortan las ayudas a los dependientes y discapacitados, la pregunta es:
¿Para qué pagamos impuestos?
¿En qué se los gastan?
¿En parlamentos nacionales, autonómicos, políticos de toda clase, asesores, despachos en Ayuntamientos de lujo, Autonomías que son pequeños estados, Diputaciones, Mancomunidades, Consorcios, etc, etc y Familias Reales?
Quién iba a pensar que el único éxito de Rajoy era lograr el imposible de hacer bueno al ínclito de Zapatero.
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