Algunas veces no está de más que recordemos o nos hagan recordar cuestiones que, por habituales, dejamos a un lado o no valoramos en su justo término, anteponiendo otras que nos tapan y no nos dejan ver la realidad. Todo lo que voy a decir es una perogrullada, pero escribiendo centro las ideas y si alguno de los dos o tres que leen esto también se sirve de ellas , pues perfecto.
La semana pasada tuve un encuentro con un abogado de un gran despacho, quizás de los 5 mejores de España. Para un abogado de provincias (yo), joven (yo), autodidacta (yo), con un despacho pequeño pero propio (yo) y que creo que estoy en el camino, pero sabiendo todo lo que me queda, hablar con un gran bufete impresiona. Debe ayudar también el hecho de ser de pueblo, que siempre que estás delante de un edificio alto miras hacia arriba, casi cohibido. Además, hablar con gente de Madrid o Barcelona también te corta, al menos al principio, porque nos tratan a los del sur como marroquíes del norte, y aseguro que no exagero. Esa impresión, no obstante, no deja de ser hasta buena para no perder tu identidad, que es lo único que tienes. Su actitud fue prepotente en sí misma, prepotente hacia su cliente y también hacia mí. En el trasfondo había un malestar por ciertas anotaciones que yo había hecho sobre su trabajo, ciertos errores señalados. Lejos de estudiar la posibilidad de que el provinciano tuviera razón, insistió y le hizo defender su postura con prepotencia y chulería. En mi caso, que el calor me da más calor, le respondí educada pero tajantemente acerca de lo que su apreciación jurídica iba a perjudicar tanto a su cliente como al mío. Posteriormente ha rectificado, pero claro, a mi no me lo ha comunicado. Yo solo soy el abogado provinciano. Lo sabemos mi cliente y yo, también el abogado, pero no su cliente.
El caso es que últimamente he tratado con varios grandes bufetes, con empresarios bien situados, sin que ello me haya repercutido profesionalmente. Superada la impresión inicial, no podía creerme que esas grandes empresas y esos grandes bufetes funcionaran igual que mi cliente y que yo, que somos unos “pringados”, dicho sea cariñosamente. No existe diferencia entre el abogado de esos grandes bufetes, esos abogados que cobran a 250 € la hora y un buen abogado de provincias, que se estudia cualquier asunto y lo puede defender perfectamente. No existe diferencia entre esas empresas que tienen varias decenas de millones de euros para invertir y las medianas empresas de provincias. Sus gerentes se equivocan a diario, los abogados se equivocan a diario y proponen cuestiones que son enormes gilipolleces, cosas que nosotros, los “pringados”, las empresas chicas que quieren trabajar con las grandes y los abogados de provincias, ya sabemos y hemos descartado antes de sentarnos a la mesa. Sólo nos ganan en una cosa: todo lo exponen con una grandilocuencia, con una aparatosidad que inicialmente abruma, aunque finalmente te sobrepones.
Pero lo mejor no está sólo ahí. Lo mejor es que esos grandes empresarios y grandes abogados se apoyan unos a otros, y unos en los otros, para defender sus gilipolleces y para aplastar a los “pringados”, a los que sólo nos cabe oír, ver y callar, y prudentemente proponer con posterioridad alguna alternativa, motivadísima y, después de dejar que se estrellen estrepitosamente, dejar que te propongan tu previa propuesta como suya propia, porque ellos son los que saben, y, además, tú como abogado de la parte débil, no puedes decir que ya lo habías avisado y que la propuesta que ahora se pone sobre la mesa, y que a la postre es la que triunfa, es la tuya, pues el objetivo es lograr que se haga lo que tu cliente, empresa pequeña, va buscando y tú, abogado “pringado”, te callas y recoges tu propio reconocimiento y el de tu cliente y, supongo, que en el fondo el de los verdaderos pringados, aunque nunca se hará público.
Es más, si en alguna ocasión puede el gran gerente de la gran empresa te dirá que para crecer tienes que bajar precios y a la vez dar calidad, y que él tiene mucha suerte de tener contratado al bufete tal o cual, que son los mejores y ….. Y digo que se apoyan, porque creo que existe un sistema establecido que, aunque a las empresas les cueste caro, han de mantener, para diferenciar las ricas de las pobres, las de arriba respecto de las de abajo.
Después de estos encuentros y para no perder el objetivo ni creerme nada, tuve que volver al principio y busqué en el DRAE la voz calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia, precio: Valor pecuniario en que se estima algo, y servicio: Econ. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales, para llegar a la conclusión de siempre y que no debo olvidar, la calidad no está reñida con el precio, ni éste con un buen servicio o de calidad.
Yo sé que nunca voy a poder cobrar lo que esos grandes abogados ni mis clientes van a ganar lo que esas empresas, ni los gerentes de estas pequeñas empresas van a ganar lo que los gerentes de esas grandes empresas, pero eso no nos quita el hecho de que podamos hacer cosas de calidad, prestar servicios de calidad, sin ser caros o tan caros. Y lo más importante, nadie es mejor que nadie. No existen ni David ni Goliat.
lunes, 7 de diciembre de 2009
viernes, 4 de diciembre de 2009
UN TRIBUNAL CADUCO
Cortesía de Alcalde Abogados www.alcaldeabogados.es
Las últimas filtraciones sobre la, todavía inexistente, sentencia que ha de resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Cataluña, han excitado múltiples comentarios de los de siempre y, por más que ya está uno curado de espanto y tiene encallecidos los tímpanos de escuchar solemnes barbaridades, no deja de indignar que haya tanto político tan falto de preparación y, me atrevo a decir de inteligencia. Sí, inteligencia, pues si la tuvieran en un mínimo grado, no dirían tanta majadería, en contra de la más mínima razón, por más que éstas estén motivadas por su ideología y sus intereses más que por el sentido común, poco habitual entre los actuales políticos.
El Tribunal Constitucional (TC) está previsto en la propia constitución, tanto en su composición como en su funcionamiento, y es una de las instituciones más importantes de cualquier estado, pues aunque en España ha estado demasiado politizado desde su inicio, lo que no ha sido óbice para que dictara sentencias en contra de la fuerza política que supuestamente era dominante entre sus miembros, es el último garante de la constitución (no se puede olvidar que todos los poderes del estado y Juzgados y Tribunales deben hacer cumplir la constitución, así como defenderla) y la interpretación que el TC haga de ésta es la válida, debiendo admitirse como tal.
Aunque es de primero de derecho, y no exagero, hay que recordar que el TC es uno de los pilares de la democracia (¡Dios como prostituyen diariamente esa palabra!), junto con el sufragio universal, la separación de poderes y, por supuesto, la constitución. Y su independencia de los poderes políticos, (que no es tal, puesto que 10 de sus miembros están nombrados por el congreso (4), senado (4) y gobierno (2)) es una garantía de que la constitución va a quedar al margen de los intereses de quién gobierne en cada momento, pudiendo declarar inconstitucional toda o parte de una Ley, sin que ello contravenga la división de poderes o la soberanía popular. Ya ha declarado inconstitucional algunas leyes, como hizo con la “ley corcuera” y no supuso ningún ataque al pueblo español.
Esto que digo, que es tan básico y obvio, parece que no les ha entrado en la cabeza a los políticos catalanes, esos que están calificando al TC como caduco e intentan deslegitimarlo al llamarlo tercera cámara. Dicen esto porque el Estatuto primero se aprobó en el parlamento catalán (primera cámara) por el congreso de los diputados (segunda cámara) y quieren dar a entender que la revisión de su constitucional que hiciera el TC supondría una “nueva aprobación” del mismo, una tercera aprobación. En síntesis, tratan de hacernos ver que la revisión de constitucionalidad que el TC pudiera hacer al estatut atacaría la soberanía del pueblo catalán, que para colmo lo votó mayoritariamente (36%).
No quiero usar palabras gruesas, pero me parece de imbéciles todos los comentarios que se están haciendo al respecto, sin perjuicio de lo lamentable que es el retraso en la resolución de los recursos. Para defender su postura, primero dicen barbaridades que deben ofender hasta a oídos legos, pues cualquiera sabe y puede entender, por mucho que se quiera manipular el argumento, que el TC debe estar por encima de lo que los políticos han aprobado, incluso si ha sido ratificado en referéndum por el pueblo, y segundo, porque atacar las instituciones básicas del estado daña a todos, hasta a los políticos proseparatistas catalanes, y hace perder la confianza del pueblo en las instituciones, abriendo brechas para que políticos más radicales y corruptos tengan entrada, por la desesperación y desconfianza del pueblo, en esas instituciones que hoy calumnian.
Peor me parece la declaración del presidente, quien ha dicho que la sentencia será razonable, que, aparte de no decir nada, como de costumbre, parece inferir que ya tiene conocimiento de la misma, cuestión que sería ilegal. ¡Claro que la sentencia será razonable! o por lo menos razonada, y hemos de esperar que ajustada a la defensa de la constitución que el TC tiene encomendada.
Parafraseando al rey ¿por qué no se callan?
Las últimas filtraciones sobre la, todavía inexistente, sentencia que ha de resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Cataluña, han excitado múltiples comentarios de los de siempre y, por más que ya está uno curado de espanto y tiene encallecidos los tímpanos de escuchar solemnes barbaridades, no deja de indignar que haya tanto político tan falto de preparación y, me atrevo a decir de inteligencia. Sí, inteligencia, pues si la tuvieran en un mínimo grado, no dirían tanta majadería, en contra de la más mínima razón, por más que éstas estén motivadas por su ideología y sus intereses más que por el sentido común, poco habitual entre los actuales políticos.
El Tribunal Constitucional (TC) está previsto en la propia constitución, tanto en su composición como en su funcionamiento, y es una de las instituciones más importantes de cualquier estado, pues aunque en España ha estado demasiado politizado desde su inicio, lo que no ha sido óbice para que dictara sentencias en contra de la fuerza política que supuestamente era dominante entre sus miembros, es el último garante de la constitución (no se puede olvidar que todos los poderes del estado y Juzgados y Tribunales deben hacer cumplir la constitución, así como defenderla) y la interpretación que el TC haga de ésta es la válida, debiendo admitirse como tal.
Aunque es de primero de derecho, y no exagero, hay que recordar que el TC es uno de los pilares de la democracia (¡Dios como prostituyen diariamente esa palabra!), junto con el sufragio universal, la separación de poderes y, por supuesto, la constitución. Y su independencia de los poderes políticos, (que no es tal, puesto que 10 de sus miembros están nombrados por el congreso (4), senado (4) y gobierno (2)) es una garantía de que la constitución va a quedar al margen de los intereses de quién gobierne en cada momento, pudiendo declarar inconstitucional toda o parte de una Ley, sin que ello contravenga la división de poderes o la soberanía popular. Ya ha declarado inconstitucional algunas leyes, como hizo con la “ley corcuera” y no supuso ningún ataque al pueblo español.
Esto que digo, que es tan básico y obvio, parece que no les ha entrado en la cabeza a los políticos catalanes, esos que están calificando al TC como caduco e intentan deslegitimarlo al llamarlo tercera cámara. Dicen esto porque el Estatuto primero se aprobó en el parlamento catalán (primera cámara) por el congreso de los diputados (segunda cámara) y quieren dar a entender que la revisión de su constitucional que hiciera el TC supondría una “nueva aprobación” del mismo, una tercera aprobación. En síntesis, tratan de hacernos ver que la revisión de constitucionalidad que el TC pudiera hacer al estatut atacaría la soberanía del pueblo catalán, que para colmo lo votó mayoritariamente (36%).
No quiero usar palabras gruesas, pero me parece de imbéciles todos los comentarios que se están haciendo al respecto, sin perjuicio de lo lamentable que es el retraso en la resolución de los recursos. Para defender su postura, primero dicen barbaridades que deben ofender hasta a oídos legos, pues cualquiera sabe y puede entender, por mucho que se quiera manipular el argumento, que el TC debe estar por encima de lo que los políticos han aprobado, incluso si ha sido ratificado en referéndum por el pueblo, y segundo, porque atacar las instituciones básicas del estado daña a todos, hasta a los políticos proseparatistas catalanes, y hace perder la confianza del pueblo en las instituciones, abriendo brechas para que políticos más radicales y corruptos tengan entrada, por la desesperación y desconfianza del pueblo, en esas instituciones que hoy calumnian.
Peor me parece la declaración del presidente, quien ha dicho que la sentencia será razonable, que, aparte de no decir nada, como de costumbre, parece inferir que ya tiene conocimiento de la misma, cuestión que sería ilegal. ¡Claro que la sentencia será razonable! o por lo menos razonada, y hemos de esperar que ajustada a la defensa de la constitución que el TC tiene encomendada.
Parafraseando al rey ¿por qué no se callan?
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