Quisiera mostrar otra opinión más sobre asuntos que me interesan, pero siempre desde una óptica jurídica, materia en la que puedo aportar algo, sin que pueda entenderse como una página jurídica.
Así se llama la campaña del Ministerio de Industria del "Gobierno de España " (Pero a quién se le ocurrió esa innecesaria redundancia. Antes simplemente se indicaba ministerio de ... y era suficiente, puesto que las CCAA tienen consejerías, pero ahora especificamos que la iniciativa es del Gobierno de España; otro paso más al federalismo que tanto gusta hoy), que no te pille el toro, en la que se promueve de manera machacante que compres el dichoso aparatito que te permitirá ver la TDT, donde podrás acceder a una serie de canales de televisión que ni te ofrecen más y mejores programas de los que existen en las cadenas tradicionales, ni con mejor calidad de visión.
No veo habitualmente la televisión, por falta de tiempo y ganas, pero en estas semanas en las que ha habido más descanso y quizás más tiempo de televisión de lo recomendable, me ha sorprendido cómo machaconamente emitían los anuncios de la citada campaña de la TDT, lo que me ha llevado a pensar ¿Qué puede llevar al “Gobierno de España” a promover esta brutal campaña publicitaria? La sorpresa ha sido cuando al buscar sobre dicha campaña he comprobado que no solo el “Gobierno de España” ha realizado dicha campaña sino que varias autonomías han promovido sus propias campañas, la más fuerte la de la Generalitat de Cataluña (que no supone una redundancia puesto que existe una Generalitat Valenciana).
Me he planteado si puede entenderse la televisión como un servicio público y evidentemente la respuesta es no. La emisión de ondas electromagnéticas está regulada siendo necesaria concesión administrativa. Podría justificarse que ciertos programas cumplen un servicio público, aunque no la televisión en sí misma. Si no es un servicio público o, al menos, no en el sentido tradicional del servicio público como pueden ser la educación, sanidad, o en el ámbito local el alcantarillado, agua potable o alumbrado público, si la emisión de la televisión no es una obligación estatal, ¿qué sentido tiene esta campaña?
Los Presupuestos Generales del Estado para 2009 tienen una partida para la implantación de la TDT de 75 millones de Euros, ampliados en otros 5,5 de publicidad institucional y 6,2 para otros conceptos como ayudas a colectivos de exclusión. Hay que añadirle los 4 millones que ha costado la campaña “que no te pille el toro” de diciembre de 2008, así que en un año la TDT tiene previsto unos 90 millones de euros, casi el 10% del presupuesto del Ministerio de Cultura para el año 2009, cantidad nada desdeñable. He intentado conocer, sin lograrlo, cuánto dinero se invirtió en la campaña para fomentar la lectura que se hizo el año pasado y que me gustó tanto, que desde luego no fue tan impactante ni machacona como la actual ¿quizás no interese tanto el fomento de la lectura como la promoción de la televisión digital?
Me gustaría saber qué ocurre si nos pilla el toro, si estamos algunos días sin ver la televisión, si en abril de 2010 todavía no vemos la TDT y sufrimos el temido apagón digital. Quizás el miedo a que pensemos en esos ratos de ocio sin televisión, leamos y nos formemos opinión sin el constante adoctrinamiento y atontamiento con el que nos someten diariamente con la televisión, asuste al “Gobierno de España” y al resto de los gobiernos autonómicos que también han participado en la campaña, y de paso a las diferentes oposiciones (“oposición al Gobierno de España” y a gobiernos autonómicos) de las que no he oído ni una sola queja de todo este despilfarro en tiempo de crisis, y ese miedo provoque estas campañas tan anticipadas (casi 17 meses de antelación al “apagón digital”), máxime cuando la TDT no está implantada en la mayoría del territorio “nacional de España”.
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